En una nueva sesión de la Asamblea General, la ONU volvió a instar a los Estados Unidos a poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, que se mantiene desde hace más de seis décadas. Delegados de diversos países lo calificaron de “medida coercitiva unilateral” que impide que Cuba alcance un desarrollo sostenible y viola los derechos humanos de su población.
Sin embargo, al mismo tiempo que se destaca en foros internacionales la supuesta afectación del embargo sobre la población cubana, emergen críticas al Gobierno cubano por la prioridad que otorga a la inversión en turismo de lujo —específicamente la construcción o renovación de grandes hoteles— pese al deterioro de servicios básicos para la ciudadanía. Por ejemplo, un análisis de El País indica que entre enero y junio de 2024 el Gobierno destinó gran parte de sus recursos a actividades vinculadas al turismo, como hoteles, restaurantes, inmobiliarias y alquileres; según el informe, la inversión fue 4,6 veces mayor en la construcción de habitaciones hoteleras que en sectores como educación, salud o agricultura.
Desde la embajada de EE.UU. en La Habana se apuntó que “hoteles vacíos disfrutan de electricidad mientras niños cubanos carecen de medicinas y leche”, en referencia al escaso acceso del pueblo cubano a esos servicios de lujo y al estado crítico de los servicios públicos básicos.
Contexto
El embargo estadounidense contra Cuba arrancó en 1960 y ha sido denunciado por Cuba y por numerosos estados como un obstáculo al desarrollo del país. Las resoluciones de la ONU son no vinculantes, pero reflejan un consenso internacional: por ejemplo, en 2024 fueron 187 los países que apoyaron el levantamiento del embargo. Por su parte, el Gobierno cubano enfrenta severas restricciones económicas, escasez de alimentos, apagones frecuentes y dificultades para importar equipamiento médico, lo que se atribuye al embargo. No obstante, la estrategia de construir o modernizar grandes hoteles —dirigidos al turismo internacional— ha sido señalada como contradictoria con las necesidades sociales internas del país.
Contraste crítico
Mientras la ONU y numerosos gobiernos reclaman el fin del embargo estadounidense en nombre del pueblo cubano, resulta paradójico que en Cuba se canalicen cuantiosos recursos hacia instalaciones hoteleras orientadas al turismo internacional, muchas veces inaccesibles para la población local y en un contexto de carencias fundamentales.
Este doble escenario plantea preguntas difíciles:
¿En qué medida el embargo estadounidense ha sido el único o principal obstáculo para el bienestar de los cubanos, si el propio Estado prioriza inversiones recreativas sobre salud, educación o infraestructura básica? ¿Hasta qué punto los beneficios de las inversiones turísticas retornan a la población general y no sólo a una élite o al sector turismo orientado al extranjero? ¿No sería también necesario que mientras se reclama el fin del embargo, el Gobierno cubano asegure que los recursos nacionales se destinen efectivamente a mejorar la vida de los ciudadanos?
Qué sigue
La situación del embargo continuará siendo un tema recurrente en la agenda de la ONU, donde el reclamo por su levantamiento persiste año tras año. A su vez, el debate interno sobre las prioridades de inversión en Cuba –turismo vs. servicios sociales– podría intensificarse dentro de la isla y entre comunidades de cubanos en el exterior. Sería importante monitorear indicadores de inversión y su impacto real sobre el bienestar ciudadano cubano, para evaluar si las decisiones gubernamentales están alineadas con las necesidades de la población.
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