El gobierno de José Jerí anunció la declaratoria de un estado de emergencia de 30 días que entra en vigor en la capital, Lima, y la vecina provincia del Callao, como respuesta al creciente nivel de inseguridad ciudadana.
La medida, aprobada por el Consejo de Ministros y anunciada en un mensaje televisado, autoriza la participación de las Fuerzas Armadas junto a la policía para mantener el orden público. El presidente Jerí afirmó que “pasamos de la defensa al ataque contra el crimen”, y que el objetivo es “recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”.
La decisión llega en medio de protestas generalizadas que dejaron al menos un muerto y más de 100 heridos en la capital. Los manifestantes denunciaban la incapacidad del Estado para frenar la delincuencia, además de exigir cambios en el poder político.
Durante el estado de emergencia estarán vigentes medidas excepcionales, entre ellas la restricción de ciertos derechos como la libertad de reunión y de movimiento, así como facultades ampliadas para detenciones sin orden judicial.
El contexto que precede la medida es grave: un repunte de extorsiones, homicidios y ataques a negocios que ha desatado el descontento social y debilitado la confianza en las instituciones. Varios analistas advierten que declaraciones similares de emergencia en el pasado han tenido efectos limitados en la contención del crimen organizado.
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